Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzó ayer con el dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La oposición votó dividida porque la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal acordaron un dictamen propio de minoría.
La sanción de este proyecto, que se debatirá en el recinto hoy en una sesión especial, es clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Entre sus principales puntos, el proyecto propone que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Por otro lado, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF.