La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión para “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del Papa León XIV a la Argentina. Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.
Sin embargo, en Balcarce 50 señalaron que detrás de la medida aparece un hecho inmediato. “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”, aseguraron a este medio. Por la creciente desconfianza sobre el personal civil, el Ejecutivo decidió echar a 12 miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.
De esta forma, la Presidencia determinó disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, la entidad a cargo de la Quinta hasta el momento, y separar sus funciones de seguridad, administración y control. Las tareas administrativas, de limpieza y cocina seguirán en manos de personal civil, según remarcaron a TN.
Para el Gobierno, el traspaso a Casa Militar “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El proceso administrativo de traspaso de responsabilidades y bienes se concretará en los próximos 60 días.
Así, el organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia que lidera Karina Milei ganó aún más competencias en relación con la seguridad presidencial y su entorno, sea en las inmediaciones de la Casa Rosada como en todos los sitios donde se encuentre el Javier Milei, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.