Según el comunicado oficial difundido por la cartera, existen «múltiples razones legales» que sustentan la apelación. El eje central del argumento oficial reside en la condena penal que pesa sobre Fernández de Kirchner por delitos contra la Administración Pública.
«Resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional», reza el texto oficial.
Desde el Gobierno ratificaron su postura de agotar todas las instancias judiciales posibles para impedir que la exmandataria perciba estas asignaciones. El argumento ministerial subraya que la naturaleza de estos beneficios es incompatible con una condena en sede penal por delitos contra el Estado. #AgenciaNA
