Según consta en la resolución 806/2026, publicada esta madrugada en Boletín Oficial, se convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema mediante un convenio específico anexado a la normativa. De acuerdo con el texto, el bloqueo alcanza al IMEI (identificador único del dispositivo), el IMSI (identificador asociado a la tarjeta SIM) y la línea telefónica vinculada, con el fin de dificultar que los internos coordinen maniobras ilícitas desde la cárcel, aún si logran cambiar la SIM del equipo intervenido.
La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de llevar adelante el programa en las jurisdicciones que lo soliciten por lo que queda aprobado un modelo de convenio de adhesión para que cada provincia, si lo decide, acceda al sistema nacional de detección y bloqueo.
En tanto, la cartera de Seguridad Nacional actuará como ventanilla única para canalizar los pedidos hacia las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. Esta decisión ya había quedado asentada en la resolución 734/2026 del 13 de agosto donde explicaron que se trataría del punto de entrega de información de los dispositivos detectados en los establecimientos penitenciarios a las compañías prestadoras a fin de que procedan a su bloqueo de conformidad. Por lo tanto, las provincias por sí solas no podrán ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas.
El procedimiento se basa en antecedentes normativos como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles, y la resolución previa del ENACOM que precisó las obligaciones de los prestadores. El programa nacional busca ampliar la estrategia que hasta ahora se limitaba al Servicio Penitenciario Federal.
Procedimiento
El bloqueo funciona a través de la identificación de los códigos IMEI e IMSI de los equipos móviles que se activen dentro de las áreas de detención o de acceso restringido. Una vez detectados, esos identificadores se reportan a las compañías prestadoras del servicio de telefonía móvil, que tienen la obligación de bloquear tanto la línea como el equipo.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ya había actualizado el procedimiento técnico mediante la resolución 734/26. El manual aprobado como parte de la resolución fija los roles de cada actor: el ministerio provincial con competencia penitenciaria es el responsable de identificar los dispositivos detectados en zonas restringidas y reportarlos al sistema federal a través de la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional, que es quien traslada formalmente la solicitud de bloqueo a las operadoras.
El Servicio Penitenciario Provincial debe monitorear de forma remota los equipos de detección y notificar cualquier incidente de manera inmediata, y las empresas de telecomunicaciones deben ejecutar el bloqueo solicitado. Las operadoras tienen un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo una vez recibida la solicitud formal.
El manual también prevé la habilitación de sectores de guarda de dispositivos para personal autorizado —agentes penitenciarios, magistrados, letrados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares— ubicados fuera de las zonas sujetas a detección. Se realizarán auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento, y toda la información vinculada al bloqueo de IMEI/IMSI deberá manejarse bajo estrictas normas de confidencialidad.
Protocolo
El sistema contempla cinco prestadoras y por cada una se envían dos archivos, uno con los identificadores IMSI y otro con los IMEI, con nomenclatura estandarizada que incluye el nombre de la operadora y la fecha del reporte.