La juez de Garantías sustituta de Mercedes, doctora María Eugenia Ballará aplicó la suspensión del juicio a prueba en una causa donde estaban imputadas cinco personas, productores agropecuarios, que colocaron bombas para extraer agua del río Corriente sin autorización a fin de regar una arrocera.
El fiscal del caso fue el doctor Gerardo Humberto Cabral y el defensor el doctor José Roberto Gauna. El ICAA estuvo representado por Mario Antonio Salvia asistido por el doctor Marcelo Ponce de León.
La audiencia
En la audiencia de suspensión del juicio a prueba los imputados ofrecieron la reparación de los gastos que el ICAA erogo en las inspecciones al establecimiento rural «La Julia», lugar donde funcionaba una arrocera, la cual no contaba con la autorización para extraer agua del río Corriente.
Asimismo los imputados deberán realizar tareas comunitarias por el termino de 1 año en la Reserva Natural del Ibera, Portal Sur, Sección Capita Mini. También en la Audiencia los imputados reconocieron la existencia de una sanción administrativa por parte del ICAA, la cual se comprometieron a cancelarla, para poder obtener autorización para realizar las labores de siembra para el periodo 2024.