El Gobierno nacional avanzará en las próximas semanas con el envío de una reforma política integral al Congreso que incluirá la incorporación de la denominada «ficha limpia», en un intento por destrabar negociaciones con sectores de la oposición y asegurar apoyos para modificar el sistema electoral. La iniciativa, que será tratada inicialmente en el Senado, apunta a introducir cambios clave de cara a las próximas elecciones y se inscribe en un contexto de fuertes tensiones parlamentarias.
La propuesta oficial establece que no podrán postularse a cargos electivos aquellas personas condenadas por delitos dolosos cuya sentencia haya sido confirmada en segunda instancia. Además, fija un criterio temporal: quienes tengan condena confirmada antes del 31 de diciembre previo a los comicios quedarán automáticamente inhabilitados para competir, mientras que en los casos en que el fallo se ratifique después del 1° de enero del año electoral, la restricción se aplicará una vez finalizado ese proceso.
El Gobierno no enviará un proyecto específico sobre ficha limpia, sino que integrará esta medida dentro de un paquete más amplio de reforma política cuyo eje más controvertido es la derogación o suspensión de las elecciones primarias. En ese esquema, la inclusión funcionaría como una herramienta de negociación para atraer a bloques opositores que históricamente impulsaron esta iniciativa, pero que al mismo tiempo rechazan eliminar las PASO.
La estrategia oficial responde a las dificultades para reunir las mayorías necesarias en el Congreso. Para avanzar con cambios de este tipo se requieren 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, números que hoy aparecen lejanos incluso con el respaldo de aliados habituales. De hecho, tanto sectores del PRO como de la UCR manifestaron reparos frente a la eliminación de las primarias, en un contexto en el que consideran que esa instancia resulta clave para ordenar sus propias internas.
El antecedente inmediato no juega a favor del oficialismo. En 2024, el proyecto fue postergado en dos oportunidades en Diputados y finalmente rechazado en el Senado, en medio de una fuerte controversia política. En aquella votación, dos senadores misioneros resultaron decisivos para bloquear la iniciativa, lo que derivó en acusaciones cruzadas y sospechas de interferencias desde el Poder Ejecutivo.
En paralelo, distintos sectores de la oposición reactivaron en las últimas semanas sus propios proyectos sobre ficha limpia, ampliando el alcance de la medida. A diferencia de la versión anterior, estas propuestas no se limitan a delitos contra la administración pública, sino que incorporan un abanico más amplio de delitos graves, lo que endurece las condiciones para acceder a candidaturas.