La Justicia avanzó en la causa que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial, quien fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en el marco de una investigación que analiza la evolución de su patrimonio.
La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó una serie de diligencias para determinar posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. La imputación fue confirmada por el magistrado interviniente, dando inicio formal a la investigación penal.
Según trascendió, la causa busca esclarecer el origen de bienes registrados a nombre de Adorni y su entorno, en medio de cuestionamientos por viajes realizados al exterior, entre ellos a Estados Unidos y Punta del Este, y por propiedades vinculadas al funcionario.
En este contexto, la fiscalía ordenó al menos 12 medidas de prueba orientadas a reconstruir su situación patrimonial. Entre los puntos a investigar, se encuentran la adquisición de una vivienda en un country, la titularidad del inmueble, el pago de expensas y si la construcción se ajusta a la normativa vigente.
Además, se solicitaron informes a distintos organismos, como los registros de la propiedad inmueble y automotor, así como a la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de acceder a las declaraciones juradas presentadas por el funcionario a lo largo del tiempo.