Peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimaron que el perjuicio económico causado por los hechos investigados en la causa Vialidad asciende a $684.990.350.139,86, monto que deberá ser devuelto en forma solidaria por todos los condenados en la causa, entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios nacionales.
La cifra corresponde a una actualización del embargo ordenado en 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública a favor de empresas de Báez, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La Corte utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para calcular el valor actualizado de los fondos públicos desviados a través de sobreprecios, licitaciones irregulares, pagos por obras no realizadas y otros mecanismos ilícitos. El informe será ahora evaluado por el Tribunal Oral Federal N°2, que deberá definir los pasos a seguir en el proceso de ejecución.
Entre los condenados también figuran José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Según el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmado por la Corte, “se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”.
El fiscal federal Diego Luciani, a cargo de la acusación, destacó la necesidad de recuperar los fondos: “Debe resarcirse de manera integral el daño ocasionado por la defraudación colosal que llevaron a cabo las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular”.
Si los condenados no cumplen con el pago en el plazo establecido, se avanzará con la ejecución de los bienes embargados, que incluyen propiedades, cuentas bancarias, acciones de empresas y vehículos. En el caso de la ex presidenta, también se pidió mantener el embargo sobre 25 inmuebles y acciones de empresas familiares, como Hotesur y Los Sauces.
Según dispone la ley vigente, los fondos recuperados pasarán al presupuesto del Poder Judicial, aunque los fiscales propusieron que se destinen a programas sociales, de infraestructura, salud o educación, como forma de reparación al Estado.
La causa Vialidad fue el primer juicio oral que culminó con una condena contra Cristina Kirchner. Aún restan definiciones en otras causas judiciales en su contra, como el expediente de «los cuadernos» y el caso de lavado de dinero en empresas familiares.