El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer un estudio pormenorizado con números drásticos. En el último trimestre, el 62,9 % de los niños eran pobres y el 16 %, indigentes. Durante los primeros 6 meses de 2023, los salarios cayeron 8,3 %.
La Universidad Católica Argentina (UCA) presentó ayer el informe del Observatorio de Deuda Social, del que se concluyó que el 44,7 % de la población nacional es pobre, en el tercer trimestre del año, una cifra similar a la de 2020 y la más alta desde 2006, que fue del 41,2 %.
Cuando se mira la pobreza desde una óptica multidimensional, la institución académica señaló que el 67 % de la
población sufre al menos una carencia.
El estudio que incluye los resultados socioeconómicos de las últimas dos décadas, dejó además un mensaje categórico: sin un ordenamiento macroeconómico sólido y perdurable, no habrá manera de rever esta decadencia.
Las cifras
El director del Observatorio, Agustín Salvia, explicó que uno de los motivos es que «el empleo se mantuvo estancado, con niveles raquíticos y un carácter regresivo por la caída del salario real. Solo en el primer semestre del 2023 cayó 8,3 % el salario».
Casi la mitad de la población recibe algún tipo de asistencia del Estado -por fuera de las jubilaciones y las pensiones- y, sin planes sociales, la indigencia saltaría del 9,6 % al 20,8 % y la pobreza, del 44 % al 49 %, se indicó en el informe.
Con respecto a las causas y efectos de los planes sociales, señaló que «no subió más la pobreza por el aumento de las transferencias».
En este contexto, refirió que «el costo económico de los programas sociales sigue siendo muy bajo desde el punto de vista del PBI. No es la forma en que se pueda salir de la pobreza de ninguna manera y, de hecho, cristaliza una especie de economía y una cultura de la informalidad. Pero cuando no hay empleos formales ni hay demanda agregada de empleo para que se ocupen puestos de trabajo, estos planes permiten la subsistencia de los sectores excluidos».
A su vez, la inseguridad alimentaria severa –esto significa, gente que directamente no come– es del 27,1 %, el nivel más alto desde 2004, salvo el pico del 36% de la pandemia.
Por otro lado, manifestó como paradoja que «la percepción de fragilidad era mayor en 2018 que ahora, pese a que la inflación se multiplicó casi por cinco. Puede ser atribuido a que con más inflación hay más billetes en los bolsillos, aunque valgan menos, y eso provoca una ilusión transitoria», expresó Salvia.
Hay otros datos categóricos: solamente 1 de cada 10 personas puede ahorrar, frente a casi 2 de cada 10 que lo podían hacer en 2018.
Contexto y perspectiva
Salvia explicó que más allá de quién haya resultado ganador en las recientes elecciones presidenciales, el proceso de ajuste de precios relativos –más lento o más rápido– era inevitable, ya que sin una baja brusca de la inflación no hay chances de que aumente la inversión privada y el empleo estable, para dar paso a una gradual baja de la pobreza y la indigencia.
Además, anticipó que, con una inflación mayor en 2024, la pobreza aumentará y con ella la precariedad del empleo y los ingresos. Los más afectados, advirtió, serán aquellos sectores que están a punto de caer en la pobreza, en tanto el nuevo gobierno mantenga entre los más vulnerables la estructura actual de programas sociales. Salvia aclaró que este creciente gasto social no ayudó a resolver ninguna de las causas de la reciente debacle socioeconómica, pero sí contuvo una explosión social.
Del mismo modo, consideró que la suba de 2 o 3 puntos en la pobreza que se puede prever para el año próximo no necesariamente se trasladará a un fenómeno similar al del 2001 por la estructura institucionalizada de esas prestaciones.