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Pidieron para CFK 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos

La vicepresidenta anunció que hoy, a las 11, se expresará a través de sus redes. El 5 de septiembre se retomarán las audiencias y, antes de fin de año, podría haber sentencia. La aplicación se hará efectiva una vez que quede firme.

El fiscal federal Diego Luciani solicitó ayer que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Las audiencias del proceso pasaron a un cuarto intermedio y está previsto que se retomen el 5 de septiembre, y se estima que antes de fin de año podría haber una sentencia.

Durante la jornada, la principal acusada había pedido ampliar su declaración hoy, lo que fue denegado por el Tribunal. Por tal motivo, anunció, a través de Twitter, que hoy, a las 11, hará un descargo a través de sus redes sociales.

En este escenario cabe aclarar que, si bien la Fiscalía solicitó además del encarcelamiento, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, esto no se dará hasta tanto primero se efectúe la sentencia y esta quede firme. Hasta que ello ocurra, Cristina Fernández podrá presentarse a las elecciones del próximo año en caso de querer postularse.

Corrupción o justicia

«Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde», dijo Luciani. «Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones», aseguró y añadió: «Nuestro único objetivo fue buscar la verdad».

«Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión», sostuvo.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra («el lucro personal buscado») y el «apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos».

El representante del Ministerio Público también consideró «el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz, en particular, que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo». El fiscal dijo que la expresidenta «defraudó a los ciudadanos que la votaron».

Además, Luciani señaló que CFK «no tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del Estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada».

Si bien en los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados, el fiscal refirió: «No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos».

Pedidos

En la audiencia de ayer, el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al Estado en las obras que recibió Lázaro Báez fue de $ 5.321 millones. Y el fiscal Luciani pidió la incautación sobre los bienes de los acusados p or ese monto prorrateado entre los acusados.

También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. «Deviene de suma importante que, de dictarse el decomiso de los bienes, el destino sean instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos», planteó Luciani.

Luego de la descripción de los hechos, el fiscal pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez.

Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal también solicitó extraer testimonios para investigar «la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos» y «de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López».

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