Mediante un extenso comunicado publicado en la tarde de este martes, la Oficina del Presidente informó que designará a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tras haber «cumplido con todos los requisitos procedimentales», agregaron que «ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado de la Nación».
No obstante, manifestaron: «No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el periodo ordinario, el Presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el Presidente».
En este sentido, remarcaron que «la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo«. Y sumaron: «Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo».
Escudándose en la Constitución Nacional, la gestión conducida por Javier Milei consideró que «es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas», en medio del enojo por la no respuesta del Senado.
«La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos», sumaron.
«Por ello, el Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros», señalaron.
Y agregaron: «Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos».
«El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia«, concluyeron.