Tras la audiencia pública, el Concejo Deliberante de Goya aprobó por unanimidad, en segunda lectura, el proyecto para el llamado a licitación pública nacional de las cuatro líneas del transporte público de pasajeros.
Esto se concretó en la sesión del último miércoles. En paralelo, el Ejecutivo municipal informó que oficializó la ordenanza avalada por los ediles que declara la emergencia del servicio durante 180 días. Teniendo en cuenta que la actual concesión vence el próximo jueves 30.
Entre las condiciones que consensuaron los ediles, figura que el contrato a la o las empresas que trasladen a los pobladores en colectivo, tendrá una duración de 10 años y luego podrá ser prorrogado por un período que no deberá exceder los 5 años. Y sobre los seguros, especificaron que deberán ser de «responsabilidad civil contra terceros y responsabilidad civil por los pasajeros transportados, ambos sin límites».
Mientras que estipularon que el precio del boleto «solo podrá ser modificado por resolución».
Antes de la votación del proyecto de licitación, tres concejales hicieron uso de la palabra en el recinto.
El primero en hablar antes sus pares fue el edil Sebastián Mazzaro, quien expresó que ya se cumplió con los pasos de una primera lectura, que se escuchó a los interesados en una audiencia pública y que el Ejecutivo «prestó atención a los requerimientos de la parte sindical y de los trabajadores, tomando nota de esas inquietudes».
Por lo que consideró que era el momento de darle agilidad y legitimidad a la convocatoria, a fin de que «la emergencia concluya cuanto antes y se contrate -como corresponde- con un llamado a licitación pública del servicio de transporte».
Por su parte, Lorena Pérez Carballo informó que el Frente de Todos acompañaría el proyecto y -según lo informado- señaló que es un tema de preocupación de la ciudadanía, que se aprobó en la sesión anterior la declaración de emergencia del transporte y que esperaba que esa herramienta le sirva al Municipio para que el servicio sea eficiente.
En tanto, el concejal Juan Domingo González también recordó los pasos previos que se realizaron en el ámbito legislativo local y recordó la preocupación de empleados que podrían perder su trabajo.
Sobre esto último, señaló que por eso se dictó la emergencia «para sostener el servicio y para tranquilidad de la población». En este punto, aseveró que se analizan todas las alternativas para dar continuidad a la prestación.
En el tramo final de su alocución, González consideró que «en el lapso de 180 días de la emergencia se debería conformar una mesa entre los empresarios que podrían presentarse como oferentes, el Gobierno municipal y los trabajadores». Además, sumó como posible integrante de esa mesa a la Provincia. Con respecto a eso, mencionó el caso de Salta.
Excepcional
Por su parte, el Ejecutivo comunal detalló ayer que, a través de la resolución 807, promulgó la ordenanza 2175, que, entre sus considerandos, manifiesta que «las actuales concesiones de servicios públicos vencen el 30 de junio del corriente año, y dado el escenario macroeconómico descrito anteriormente, las empresas actualmente prestatarias han manifestado por expreso la voluntad de finalizar con la prestación sin hacer uso de los plazos de prórrogas previstos en los convenios».
Teniendo en cuenta que se trata de una prestación esencial para muchos pobladores, quedó oficializada la ordenanza que declara «el estado de emergencia por 180 días en el sistema de transporte público urbano y suburbano de pasajeros». Un plazo que podrá ser prorrogado por igual término por el Ejecutivo de la Municipalidad.
A su vez, en el artículo 2 de la normativa se faculta a la Intendencia a «adoptar las medidas necesarias que resulten conducentes a superar la situación de emergencia y garantizar el servicio».
La ordenanza autoriza el uso excepcional de determinados recursos municipales, como así también «a disponer, por razones de emergencia, la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte el Estado municipal».