PERICIAS
En el plano judicial, el último adiós coincide con la revelación de estremecedores avances periciales. El cadáver de la maestra fue hallado por un efectivo a caballo en un sector de bañados cerca de la laguna Yacaré, a 2,1 kilómetros de la Escuela N° 626. La autopsia oficial del Instituto Médico Forense ratificó una muerte violenta con múltiples mutilaciones y cortes punzocortantes, confirmando además heridas defensivas en sus brazos que acreditan que intentó resistir.
Los peritajes telefónicos realizados por la Unidad Fiscal reforzaron la hipótesis de un ataque sexual en manada seguido de femicidio. Entre las evidencias tecnológicas recuperadas de los celulares secuestrados a los sospechosos figura un cruce de mensajes con la frase «¿Qué hago con ella ahora?», sumado a la sospecha de que los últimos textos enviados desde el teléfono de Nanci fueron redactados por los mismos captores para simular normalidad.
POSIBLES PENAS
Ante la contundencia de las pruebas, los imputados enfrentan severas escalas penales según el Código Penal. Para Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio, la única condena posible es la prisión perpetua. Esta figura exige un mínimo de 35 años de cumplimiento efectivo y, por tratarse de un delito de violencia de género, el artículo 14 prohíbe expresamente cualquier beneficio de libertad condicional.
Por su parte, la pobladora rural Rosa Leguizamón permanece imputada bajo la figura de homicidio simple, cuya escala prevé de 8 a 25 años de prisión por haber actuado presuntamente como entregadora de la docente. Sin embargo, no se descarta que en las próximas etapas procesales la Fiscalía agrave su calificación a alevosía o concurso premeditado, lo que elevaría de inmediato su expectativa de pena a la máxima sanción de prisión perpetua.
Finalmente, la situación del peón Ernesto Ezequiel Bordón se encuentra encuadrada bajo la figura de falso testimonio, delito que contempla penas de 1 a 4 años de prisión. Si bien la figura puede ser excarcelable, el juez mantiene su prisión preventiva para evitar entorpecimientos. Si las pericias demuestran que colaboró en ocultar el cuerpo o limpiar la escena, la imputación mutaría a encubrimiento agravado, con una escala de 1 a 6 años de cárcel.