Por unanimidad, la Cámara de Diputados de Corrientes aprobó ayer un pedido de informe a la Secretaría de Energía de la Nación sobre los criterios de quita de subsidios de la tarifa eléctrica, especialmente, en el interior provincial. En el medio hubo polémica por la política energética.
«Hemos visto que a nivel nacional hay una audiencia y está relacionada con la modificación de las tarifas, fundamentalmente, en materia de energía», informó el diputado Norberto Ast (UCR) sobre los motivos del pedido de informe.
«Indudablemente, cuando se convoca a una audiencia pública estamos hablando de un incremento de tarifas», señaló el legislador y se refirió a la «quita de subsidios vinculados con el servicio».
«Estamos preocupados porque habrá un incremento de la tarifa de energía no solo en Corrientes sino en todo el país» NORBERTO AST
El radical, a su vez, señaló que existen desigualdades ya que Corrientes es una de las provincias productoras de energía, pero debe pagar «valores muy altos», pese a que lo producido se «redistribuye de Cammesa» (la mayorista eléctrica) a las provincias.
«Estamos preocupados. Si se consolida, va a haber un incremento de las tarifas de energía no solo en Corrientes sino en todo el país», añadió Ast.
El informe es para conocer sobre los criterios de aumento y de qué manera se afectará al precio final en los hogares, según se especificó. «Este proyecto de resolución busca aportar certezas respecto a cómo se darán los aumentos en las boletas de los usuarios», expresó la diputada Andrea Giotta (UCR), luego de la sesión. Tanto el oficialismo como la oposición acompañaron el expediente. Sin embargo, hubo polémica durante el debate. El peronista Marcos Otaño recordó que la medida se enmarca en el decreto del Ejecutivo nacional Nº 1020 que responde a la ley de emergencia por la pandemia de la covid-19, sancionada en diciembre de 2020 por unanimidad.
En la Ley 2741 se recomienda la renegociación tarifaria, según indicó el legislador del PJ y, de esta manera, el Congreso de la Nación autorizó al Ejecutivo a emprender las conversaciones y se le otorgó un plazo de 2 años. Luego, el legislador disiente al indicar que en el decreto del Gobierno nacional «no se dice en ninguna parte quita de subsidios».
«Eso es una falsa información», enfatizó. Sostuvo que de lo que habla la normativa nacional es «de un nuevo cuadro tarifario», y agregó que el debate debería apuntar hacia si es equitativo para las provincias. También recordó que este año rige un nuevo cuadro tarifario de la DPEC, aprobado por decreto provincial y señaló que gran parte del costo se remite al concepto de valor agregado.
No obstante, el mercedeño consideró: «Estamos de acuerdo en que hay un criterio injusto en el valor de la energía».
Seguidamente, Germán Braillard Poccard (Partido Renovador) expuso que «el cuerpo se merece el respeto para este y otro pedido de informe», por lo que acompañarán la iniciativa que atañe a «todo tipo de problemáticas que afectan a la realidad, al bienestar y al bolsillo de los correntinos».
Sin embargo, evaluó que «es tiempo de comenzar a debatir una política energética en la provincia» y, «en el fondo», discutir «el problema de la DPEC», a la cual calificó de «ineficiente» porque evaluó que el «mayoreo lo paga Yacyretá».
Inmediatamente, el diputado Javier Sáez se manifestó contrariado por las declaraciones de Braillard Poccard y destacó la labor de los «trabajadores de la DPEC» que «en tiempos de crisis estuvieron reponiendo postes». Luego, el diputado del PP dio la razón a Otaño en que la ley permite las renegociaciones, sin embargo, dejó en claro que también se contempló en este contexto un convenio entre el ENRE y el Conicet para reevaluar la distribución, proceso que «aún no culminó», por lo cual se podrían «generar inequidades», según consideró.
«Sabemos, y principalmente en Corrientes, lo que es pagar el doble en relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», comparó. «Todos estamos de acuerdo en que se deben redistribuir las tarifas. Nos debe unir esa lucha», enfatizó.
«Tenemos que entender que es potestad de la Dpec y no de los trabajadores la política energética», aclaró Alicia Meixner (PJ) en torno a los dichos de Sáez. «Desde el peronismo estamos lejos de criticar a los trabajadores de la DPEC. Tenemos que discutir desde la intervención para arriba», señaló.
«Si queremos criticar políticas de subsidios o quita de subsidios, o de cuadros tarifarios, debemos primero revisar qué hacemos desde la Provincia porque a veces no nos informan muy bien cómo son los aumentos de la DPEC», señaló la legisladora.
Por su parte, el diputado Edgar Benítez (Unión Popular) defendió la política energética del Gobierno provincial y destacó las acciones que se realizaron para propiciar el desarrollo industrial. «La radicación de industrias se debe a que se ha resuelto un problema energético», dijo en relación al crecimiento en el parque industrial Santa Rosa. Incluso, recordó el caso de la textil TN Platex de Monte Caseros que planteó la «posibilidad de expansión» ante la necesidad de reforzar el sistema energético en la zona.
Por otra parte, el cuerpo aprobó con correcciones la modificación a la Ley provincial Nº 6268 de protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, incorporando denuncias on line. La normativa es autoría de los senadores radicales Alejandra Seward y Diógenes González. De esta manera, el proyecto «vuelve al Senado» para su sanción.
Además, se dio media sanción al programa de protección al recién nacido de alto riesgo, iniciativa del bloque ELI y de la diputada Mariel Meza, del bloque UCR.